Venezuela atraviesa una profunda crisis humanitaria al cumplirse seis meses de la captura de Nicolás Maduro, en medio de la devastación causada por los terremotos que han dejado al menos 2,595 fallecidos, más de 12,000 heridos y miles de personas desplazadas. La tragedia ha frenado el proceso de reformas institucionales y ha puesto en incertidumbre el calendario político del país.

Los daños provocados por los sismos han agravado la situación de una infraestructura ya deteriorada, con pérdidas estimadas en unos 6,700 millones de dólares, equivalentes al 6 % del producto interno bruto, según cálculos preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Además, más de 12,800 personas quedaron sin vivienda, siendo el estado La Guaira la zona más afectada.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha concentrado los esfuerzos del Gobierno en atender la emergencia, mientras quedan en pausa las reformas económicas, judiciales e institucionales impulsadas tras la salida de Maduro. Aun así, Estados Unidos aseguró que mantiene vigente su plan para apoyar la recuperación y la eventual transición política del país.

El escenario político también permanece incierto debido al vencimiento del plazo constitucional de 180 días de ausencia temporal del mandatario. Corresponde ahora al Parlamento determinar si declara la ausencia absoluta de Maduro, decisión que podría abrir el camino a nuevas elecciones, aunque el Tribunal Supremo ya había calificado el caso como una situación excepcional.

Mientras tanto, la emergencia ha impulsado una amplia respuesta de la comunidad internacional, con el envío de ayuda humanitaria, equipos de rescate y personal médico de diversos países. La prioridad del Gobierno y de los organismos de asistencia continúa centrada en atender a las víctimas y apoyar a las miles de familias que perdieron sus hogares tras una de las peores catástrofes registradas en la historia reciente de Venezuela.