Santo Domingo.– El diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), sometió un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión, proteger el ejercicio periodístico y brindar mayor seguridad jurídica a los profesionales de la salud.

La iniciativa busca reformar la Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal de la República Dominicana, aprovechando el período de vacatio legis de doce meses para introducir ajustes antes de su entrada en vigencia.

En materia de libertad de expresión, el proyecto plantea eliminar los artículos 310 y 311, que sancionan el ultraje a funcionarios públicos, al considerar que contienen conceptos ambiguos incompatibles con los estándares de derechos humanos.

Asimismo, propone modificar los artículos 208 y 210 para eliminar las penas de prisión por los delitos de difamación e injuria, limitando las sanciones a multas y reparaciones civiles.

La propuesta también modifica el artículo 212 para impedir el cierre de medios de comunicación, la revocación de licencias o la incautación de equipos como sanción por infracciones relacionadas con el honor.

Además, incorpora un párrafo al artículo 209 para establecer que el ejercicio legítimo del periodismo, la protesta pacífica y las denuncias realizadas de buena fe no puedan ser consideradas como difamación extorsiva.

En cuanto al ejercicio de la medicina, el proyecto establece que la responsabilidad penal de los profesionales de la salud solo procederá cuando exista una falta grave e inexcusable en el cumplimiento de la lex artis, es decir, de los protocolos técnicos y científicos aplicables.

También dispone que los médicos no sean penalmente responsables cuando las complicaciones se deriven de deficiencias estructurales del sistema de salud, como la falta de insumos, equipos o medicamentos, situaciones ajenas a su actuación profesional.

La iniciativa, además, plantea que un resultado adverso por sí solo no pueda presumir la culpabilidad del médico, exigiendo una prueba pericial técnica que determine si existió una conducta penalmente reprochable.

Con estas modificaciones, el PRSC asegura que busca equilibrar la protección de los derechos de los pacientes con la defensa de la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la seguridad jurídica de los profesionales de la salud.