El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) firmaron cuatro acuerdos interinstitucionales mediante los cuales serán cedidos en calidad de préstamo 16 inmuebles para la instalación de hogares de paso y oficinas dirigidas a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Los convenios fueron firmados por el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, y la presidenta ejecutiva del Conani, Ligia Jeannette Pérez Peña, con la primera dama y presidenta honorífica del GANA, Raquel Arbaje, como testigo.

Guido Gómez Mazara destacó que la tecnología debe estar al servicio de la gente, especialmente de los sectores más necesitados, y afirmó que apostar a la niñez y la adolescencia contribuye a construir un mejor país.

“El que siembra y apuesta a la niñez y a la adolescencia está construyendo un país mejor. Un Estado con criterio de responsabilidad lo coloca en la ruta de la reinserción social”, expresó.

De su lado, Ligia Pérez Peña señaló que estos espacios servirán como lugares de protección, escucha y esperanza para menores afectados por abandono, violencia, abuso u otras situaciones de riesgo social.

Asimismo, indicó que el Conani asumirá la administración, sostenibilidad y mantenimiento de los inmuebles, con el propósito de fortalecer la capacidad institucional de respuesta ante las necesidades de la niñez y adolescencia en el país.

Entre los espacios cedidos figuran inmuebles ubicados en Cambita Garabito, San Cristóbal; Pantoja, en Los Alcarrizos; y Los Llanos, en San Pedro de Macorís, destinados a centros de primera acogida para menores en riesgo personal, familiar o social, además de otros 13 locales.

La iniciativa busca fortalecer el Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y ampliar la capacidad del Estado para ofrecer espacios seguros y adecuados para la atención integral de menores vulnerables.

Los acuerdos tendrán una vigencia de cuatro años, con posibilidad de renovación previo consenso entre las partes.