Uso ilegal de bienes decomisados podría llevar a prisión y multas en República Dominicana

El director del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, advirtió que cualquier funcionario que utilice bienes incautados sin autorización se expone a sanciones de hasta cinco años de prisión y multas equivalentes a 200 salarios. Aclaró que ni siquiera él, como titular de la institución, puede disponer de estos activos sin la aprobación del Consejo Directivo, único órgano facultado para autorizar su uso.

La medida busca frenar prácticas irregulares del pasado, cuando vehículos, viviendas y otros bienes eran usados de forma discrecional por funcionarios. Según explicó, toda asignación debe ser aprobada formalmente por el Consejo, integrado por altos representantes del Estado.

Oviedo también señaló que la información sobre estos bienes es pública, por lo que cualquier ciudadano puede consultar quién los administra, en qué condiciones están y quién los ocupa. No obstante, reconoció que aún hay limitaciones en el control total, debido a que el Ministerio Público no ha transferido todos los bienes al Incabide dentro de los plazos establecidos por la ley.

Actualmente, el Estado dominicano posee más de 4,000 bienes incautados. De estos, 147 serán subastados el próximo 13 de mayo como parte de un proceso orientado a garantizar transparencia en su administración.

En cuanto al funcionamiento del sistema, explicó que algunos inmuebles son alquilados para generar ingresos destinados a su mantenimiento. Para participar en la subasta, los interesados deben registrarse, pagar una tarifa de 5,000 pesos y declarar que no son funcionarios públicos ni están vinculados a los casos de origen de los bienes. Además, serán sometidos a verificaciones de antecedentes.

El proceso de subasta será público, ascendente y transmitido en línea. En el caso de inmuebles, se exige un depósito del 10 % del valor inicial como garantía, mientras que los bienes muebles no requieren este pago previo, salvo en activos de alto valor.

Finalmente, el director destacó que la ley de extinción de dominio permite al Estado recuperar bienes de origen ilícito incluso si no hay condena penal, fortaleciendo así la lucha contra el crimen y la corrupción.