El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, acusó este viernes al gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de operar una estructura de corrupción y manipulación política mediante los programas sociales del Estado. Sus declaraciones surgen en medio del proceso judicial por el presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), caso que actualmente se ventila en los tribunales y que, según Alburquerque, las autoridades han intentado minimizar. En una publicación titulada “Cártel del cambio: estafa maestra en 3 actos y 1 epílogo”, el dirigente de la Fuerza del Pueblo y excoordinador de los programas sociales durante los gobiernos de Leonel Fernández, acusa al gobierno de utilizar los recursos estatales con fines reeleccionistas y para beneficiar a aliados políticos y empresariales. Afirma que, en su interpretación, el PRM habría instalado una red de funcionarios, dirigentes y empresarios con la intención de malversar fondos públicos y realizar negocios al amparo del poder. En su escrito, Alburquerque explica que esta supuesta “estafa maestra” habría comenzado poco después de la llegada del PRM al poder, cuando, según él, el gobierno optó por utilizar masivamente recursos públicos a través de los programas sociales. Señala que la entrega del Bono Navideño en 2020 marcó lo que denomina la transición hacia una “Bonocracia”, caracterizada por la eliminación de controles, registros y mecanismos de transparencia en la distribución de las ayudas. También acusa al gobierno de ampliar de manera irregular la cantidad de beneficiarios de los programas sociales. Sostiene que, mientras en 2019 el programa Comer es Primero registraba poco más de 825 mil hogares, entre 2021 y 2023 las cifras de Aliméntate superaron 1.3 millones de beneficiarios, hasta alcanzar más de 1.5 millones. Asegura que estas cifras duplican la cantidad de familias en situación de pobreza registradas por las estadísticas oficiales. El exvicepresidente advierte además sobre el crecimiento de “La Brisita Navideña”, que según su denuncia habría pasado de 300 mil tarjetas entregadas en 2020 a entre 5 y 6 millones en 2024. A esto suma la contratación de empresas privadas para la emisión y distribución de tarjetas de débito, lo que describe como la formalización de un negocio con altos costos para el Estado. Según sus estimaciones, entre 2020 y 2024 se habrían emitido más de 9.5 millones de tarjetas, con un impacto económico ascendente a miles de millones de pesos. En la parte final de su denuncia, Alburquerque vincula estas operaciones con el caso Senasa, afirmando que el supuesto esquema de corrupción afecta no solo programas sociales, sino también instituciones fundamentales del sistema de protección pública. Señala que, a su juicio, la red descrita en su publicación estaría llevando al país hacia un debilitamiento progresivo de las políticas sociales. La declaración del exvicepresidente se suma al clima de tensión política generado tras las investigaciones judiciales relacionadas con Senasa, caso sobre el cual la Fuerza del Pueblo ha reclamado explicaciones y medidas concretas a las autoridades. Navegación de entradas Fuerza del Pueblo denuncia presunta “venta de permisos ambientales” en el Ministerio de Medio Ambiente “oLA”, el movimiento que impulsó a Abinader al poder y hoy aparece ligado al caso de corrupción en Senasa
