La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, afirmó que el Gobierno continuará actuando de manera correcta en la persecución de funcionarios públicos vinculados a prácticas indebidas dentro de las instituciones del Estado, al tiempo que expresó su preocupación por recientes declaraciones de un diputado oficialista relacionadas con denuncias sobre cobros a empleados públicos.

Ortiz Bosch recordó que existen precedentes de casos similares y aseguró que la actual gestión mantiene una línea de acción clara frente a este tipo de situaciones. Señaló que, junto a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se trabaja de forma coordinada para orientar y alertar sobre conductas irregulares en la administración pública.

La funcionaria se refirió específicamente a los pronunciamientos del diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jorge Frías, quien cuestionó que empleados vinculados al partido ofrezcan informaciones a los medios de comunicación sobre supuestos descuentos en sus salarios, calificando esas acciones de inoportunas. Ortiz Bosch indicó que esas declaraciones le generan inquietud, al considerar que contradicen el espíritu de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.

En ese sentido, enfatizó que dicha legislación promueve la transparencia y establece el deber de los ciudadanos, y en especial de los servidores públicos, de denunciar cualquier irregularidad para que pueda ser corregida. Aclaró que no es correcto oponerse a ese mandato legal y reiteró que, aunque no emite juicios anticipados, entiende que las declaraciones del legislador no fueron oportunas.

Las expresiones de Ortiz Bosch se producen en medio de una serie de reportajes difundidos en el programa “N Investiga”, que denuncian presuntos cobros a empleados del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) para financiar un movimiento político. Anteriormente, se había señalado una práctica similar en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), caso que derivó en la destitución de su entonces rector, Rafael Féliz, por disposición del presidente Luis Abinader.