Las leyes que Luis Abinader prometió y el Congreso Nacional aún espera

SANTO DOMINGO, RD.– A menos de 48 horas de que el presidente Luis Abinader rinda cuentas ante la Asamblea Nacional sobre la administración presupuestaria, financiera y de gestión del año 2025, varias de las reformas estructurales anunciadas durante sus distintos discursos de rendición de cuentas continúan pendientes de aprobación o no han sido enviadas formalmente al Congreso Nacional.

Por sexta ocasión, el jefe de Estado rendirá cuentas al país de su gestión de Gobierno, otro año sin que el mandatario haya sometido al Congreso Nacional, hasta el momento, varias leyes de impacto que prometió y otras que, aunque no salen de las entrañas del Palacio, eran consideradas prioritarias.

Esta rendición está precedida de anuncios de grandes reformas legislativas que superan las 20, pero que todavía no logran su aprobación.

Durante su juramentación para su segundo mandato como presidente de la República, Luis Abinader dijo que, luego de diálogos constantes, presentaría en el pasado año 2024 la propuesta de reforma del Sistema de Seguridad Social, pero la espera continúa.

Entre los marcos jurídicos pendientes del Ejecutivo está el proyecto de ley de aguas, una de las legislaciones más esperadas por la población. El Gobierno elaboraba una iniciativa legislativa cuyo borrador tuvo sus últimas modificaciones en octubre de 2023.

La ley de hidrocarburos es parte de los proyectos olvidados en las gavetas congresuales.

En la lista de las promesas legislativas del Gobierno a la espera de ser cumplidas está el proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, el cual fue retirado del Senado de la República en febrero de 2023 para lograr el consenso público necesario.

La reforma laboral es otro de los desafíos que tiene el órgano legislativo para darle salida a partir de este 27 de febrero.

El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, depositado en 2024, permanece en discusión y busca adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y acceso a la información, al igual que la ley de Residuos Sólidos, aprobada y posteriormente vetada por el Ejecutivo.