Jhael Isa Tavárez es designado nuevo director de la Opret

El presidente Luis Abinader emitió el Decreto 652-25, mediante el cual ordena una reorganización del Sistema Integrado de Transporte con el objetivo de mejorar la planificación, operación y sostenibilidad del transporte público masivo en todo el país.

Como parte de esta reestructuración, el mandatario nombró a Jhael Isa Tavárez como director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret). Además, el decreto establece que Isa deberá ejercer, de manera honorífica, como director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), entidad encargada del diseño, construcción, operación y mantenimiento de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.

Isa Tavárez cuenta con una amplia experiencia vinculada al transporte masivo. Hasta este nombramiento, se desempeñaba como director ejecutivo del FITRAM, desde donde lideró proyectos estratégicos como el Monorriel y el Teleférico de Santiago, así como las líneas 1, 2 y 3 del Teleférico de Santo Domingo.

Es ingeniero civil graduado del INTEC y posee una maestría en Ingeniería de Transporte del Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) de Nueva York, obtenida mediante la beca Fulbright. Actualmente cursa un doctorado en Sistemas de Ingeniería Civil, con énfasis en Transporte, en la Universidad Politécnica de Madrid.

Durante más de una década ha trabajado en el Ministerio de la Presidencia, impulsando iniciativas clave de movilidad y coordinando proyectos de infraestructura orientados a modernizar el transporte público. También ha participado como consultor y expositor en diversos foros internacionales sobre movilidad sostenible.

El decreto presidencial resalta que el transporte masivo es un servicio público esencial y de alto interés nacional. Señala la necesidad de incorporar modos alternativos de movilidad que promuevan un uso más equilibrado del espacio urbano, reduzcan el impacto ambiental y mejoren la calidad de vida en las ciudades. Asimismo, ordena que las instituciones involucradas en el sistema trabajen de manera coordinada, eficiente y transparente, y establece un plazo máximo de 120 días para presentar una propuesta normativa y operativa unificada.