Santo Domingo. El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, envió una carta al presidente del Grupo SIN, Fernando Hasbún, en la que rechaza que los retrasos en su proceso judicial sean responsabilidad de su defensa y atribuye la dilación al Ministerio Público. En la comunicación, Rodríguez señala que han transcurrido más de cinco años y siete meses desde el inicio del proceso sin que se haya celebrado el juicio de fondo. Indicó que permaneció cuatro años en prisión preventiva —plazo que afirma es el máximo establecido— y que no ha faltado a audiencias ni solicitado aplazamientos. Explicó que hace casi tres años su equipo legal depositó 1,046 pruebas ante el tribunal con el objetivo de sustentar su presunción de inocencia y demostrar, según sostiene, irregularidades en la investigación, entre ellas supuestas violaciones al debido proceso, ocultamiento de pruebas de descargo, alteración de dispositivos electrónicos y presuntas amenazas a testigos. El exfuncionario argumenta que una de las principales causas del retraso ha sido la acusación presentada por el Ministerio Público, la cual califica de “innecesariamente abultada, confusa e ininteligible”. Según detalla, el expediente contiene más de 12,000 páginas y 666,000 archivos digitales, equivalentes a cerca de 50 millones de páginas, lo que —afirma— generó múltiples incidentes procesales y cerca de dos años adicionales de retraso. Asimismo, sostiene que el órgano acusador dejó vencer plazos para formalizar la acusación y entregó de manera tardía y parcial pruebas de descargo, pese a órdenes judiciales. Agrega que, en lugar de suministrar más de 3,000 pruebas en un formato adecuado, se depositó un disco duro con archivos dañados, situación que —según indica— fue certificada por técnicos del Poder Judicial y provocó nuevas suspensiones. Rodríguez también atribuye aplazamientos a la decisión del Ministerio Público de solicitar el desglose del proceso respecto a dos imputados y luego su posterior fusión. En la carta, afirma que los jueces han dejado constancia de que las dilaciones identificadas son atribuibles al Estado y no a su persona. Indicó que espera que el juicio pueda iniciar este miércoles 11 de febrero de 2026, con el propósito de presentar —junto a su equipo legal— más de 25 alegadas violaciones al debido proceso y responder a las imputaciones en su contra. Finalmente, sostuvo que mantiene el interés de que el proceso avance dentro de un plazo razonable y conforme a la Constitución y las leyes, e invitó a la ciudadanía a dar seguimiento a las audiencias públicas del caso. Navegación de entradas CAASD entra en etapa finalización trabajos Acueducto Oriental “No somos delincuentes, somos médicos”: CMD denuncia atropello policial en el Robert Reid y advierte paro