Inaipi de Los Guandules había recibido denuncia sobre maltrato a la niña asesinada por sus tutores

La periodista Edith Febles reveló este viernes que, un mes antes del fallecimiento de Smailin Coronado, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) en Los Guandules había recibido una denuncia advirtiendo que la niña de siete años sufría maltratos.
Según explicó en el programa El Día (Telesistema 11), la denuncia fue realizada por una vecina del sector, quien decidió alertar al Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) a través de una trabajadora identificada como Josefina. En mensajes de audio, la denunciante pedía mantener el anonimato por temor a represalias.
En uno de esos intercambios, Josefina respondió: “¿Cuál es la niña y qué edad, para yo saber si me pertenece a mi núcleo?”. Posteriormente, aseguró que su superiora, de nombre Santa, había registrado el reporte en la plataforma institucional y lo marcó como “emergencia”.
El mensaje transcrito en televisión indicaba: “Mi jefa lo subió a plataforma y lo puso tipo emergencia. Desde que ellos nos respondan, yo te dejo saber cuál será el proceso. Puedes estar tranquila, porque ser anónimo, tanto tú como yo, eso quedará bajo mi responsabilidad. Según avance el proceso, te iré informando”.
Ante estos hechos, Febles cuestionó la pasividad de las funcionarias involucradas y se preguntó por qué no alertaron de inmediato a instituciones competentes como el 9-1-1, la Línea Vida o el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani). Asimismo, emplazó al Ministerio Público a no limitar la investigación a los dos detenidos, sino a indagar también la actuación de las autoridades que recibieron la alerta.
El caso estremeció al país el pasado 16 de agosto, cuando Smailin Coronado murió en la vivienda de su tía, Yokeiry Coronado de la Cruz, en la calle Respaldo Eugenio Perdomo del sector Los Guandules. Un informe forense del Inacif determinó que la causa de muerte estuvo asociada a un cuadro de maltrato reiterado.
Su tío político, Jeider Montero Medina, habría confesado a las autoridades que la niña era amarrada y golpeada, y que en varias ocasiones él mismo la desataba. Por su parte, la abuela, Arisleydi Coronado, explicó que Yokeiry pidió tener a la menor bajo su cuidado porque “se sentía sola y no tenía hijos”.

La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra Yokeiry Coronado de la Cruz y Jeider Montero Medina, señalados como responsables directos de la muerte de la menor.