Fuerza del Pueblo rechaza advertencia de la JCE y defiende marcha como protesta social

Dirigentes de la Fuerza del Pueblo (FP) reaccionaron a la advertencia emitida por la Junta Central Electoral (JCE), asegurando que la organización no ha violado la Ley Electoral durante la marcha realizada en reclamo por el alto costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Señalaron que ya preparan una respuesta formal a la notificación, aunque consideran que la advertencia carece de fundamento legal.

Uno de los voceros afirmó que la manifestación fue un reclamo ciudadano ante problemas que afectan a la población dominicana, como la carestía de productos básicos, la falta de agua potable, deficiencias en el servicio eléctrico y la ausencia de indexación salarial. Aseguró que no hubo promoción de candidatos ni solicitud de votos, por lo que no puede considerarse un acto de campaña electoral.

El dirigente manifestó que la Constitución y la Ley Electoral permiten a los partidos participar en actividades sociales relacionadas con demandas de la ciudadanía, y que el uso de símbolos partidarios no constituye una violación siempre que no exista un llamado electoral o una invitación a inscribirse en el partido.

Otro representante calificó la advertencia de la JCE como “excesiva”, señalando que la Constitución garantiza derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y protesta. Indicó que el órgano electoral parece cuestionar el uso de símbolos partidarios, pese a que estos están protegidos por la normativa vigente. Añadió que la ley distingue claramente entre una campaña y una protesta, y que la presencia de dirigentes no convierte la marcha en un acto proselitista.

Un legislador de la FP también criticó la advertencia, afirmando que los diputados tienen derecho a identificarse con los símbolos que representan su función pública. Expresó que ningún organismo puede impedir que un legislador participe en una protesta portando su emblema, especialmente cuando se trata de reclamos sociales. Asimismo, cuestionó la reacción generada por la marcha y reiteró que cualquier partido puede manifestarse en defensa de causas sociales sin promover candidaturas.

Algunos dirigentes señalaron que la JCE actuó de forma tardía y que la intimación resulta incongruente, ya que el órgano tenía conocimiento previo de la actividad. Afirmaron que la marcha fue una manifestación política en términos de reclamo social, pero no un acto electoral anticipado. Pese a las críticas, reconocieron que la JCE es la autoridad reguladora y confirmaron que el partido responderá formalmente para dejar constancia de sus argumentos basados en la Constitución y la ley.