Fuerza del Pueblo denuncia presunta “venta de permisos ambientales” en el Ministerio de Medio Ambiente

La Fuerza del Pueblo solicitó investigar la aprobación de seis mil licencias ambientales por parte del Ministerio de Medio Ambiente, al considerar que la institución no dispone de la capacidad técnica ni operativa para procesar tal volumen en apenas once meses. La denuncia fue presentada durante una rueda de prensa encabezada por la Secretaría de Medio Ambiente del partido, cuyo titular, Paino Abreu Collado, cuestionó la veracidad de las cifras ofrecidas por el ministro de Medio Ambiente, Paino Henríquez, y calificó su modelo de gestión como “peligrosamente distorsionado”.

Abreu sostuvo que las cifras divulgadas por el ministro incluyen datos inconsistentes e informaciones que no pueden ser verificadas, además de demostrar, según expresó, un desconocimiento sobre temas esenciales de la gestión ambiental. El dirigente político afirmó que existe la posibilidad de que dentro del Ministerio funcione un esquema irregular para la “venta” de permisos ambientales, señalando que no se estaría cumpliendo con los procedimientos contemplados en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales. Aseguró que “se habla de agentes que canalizan la obtención de permisos a quienes pagan montos extras por fuera”.

Frente a estas acusaciones, la Fuerza del Pueblo hizo un llamado a la Oficina de Ética Pública e Integridad Gubernamental para que intervenga e investigue el proceso de otorgamiento de autorizaciones ambientales, al tiempo que advirtió que la rigurosidad en estos permisos es esencial para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales que pueden generar proyectos, industrias e infraestructuras. Abreu criticó que, según sus observaciones, los permisos están siendo aprobados “a la carrera”, lo que a su juicio viola los principios de protección y conservación establecidos tanto en la Constitución como en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El partido también exhortó a la Cámara de Cuentas a realizar una auditoría forense que permita determinar si el Ministerio de Medio Ambiente está cumpliendo con los estándares normativos que rigen el sistema de evaluaciones de impacto ambiental en el país. Asimismo, denunció un presunto “abandono institucional” de las áreas protegidas, acompañado de un deterioro en las condiciones laborales de los guardaparques. Indicó que muchos de ellos figuran en la nómina sin realizar labores en el terreno, mientras que quienes sí trabajan carecen de recursos básicos, supervisión adecuada y reciben salarios insuficientes. Según Abreu, esta situación ha generado una pérdida de identidad, mística y autoridad dentro del cuerpo de guardaparques.

La organización política advirtió que esta precarización ha debilitado la capacidad de vigilancia, conservación y respuesta en los ecosistemas protegidos, afectando procesos esenciales para la biodiversidad y el equilibrio ecológico del país.