Estado dominicano demanda a Falcondo por abandono de concesión y daños ambientales
Santo Domingo. – La acción judicial interpuesta por el Estado dominicano contra la minera Falcondo busca poner fin a un contrato vigente desde hace casi siete décadas y, al mismo tiempo, responder a los reclamos históricos de comunidades afectadas por la explotación de níquel en el país.
La demanda fue presentada el 22 de julio de 2025 por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). En el expediente se acusa a Falcondo de abandonar la concesión en 2024, dejar a miles de trabajadores desempleados y provocar daños ambientales estimados en más de 25 millones de dólares.
El documento señala que, tras el cese de operaciones, comunidades de San Cristóbal han sufrido un profundo deterioro económico, problemas de salud y contaminación ambiental. Además, denuncia que en enero de 2024 la empresa vendió terrenos vinculados a la concesión a Gas & Oil Energy GOE, S.R.L. por 11 millones de dólares, sin la debida autorización estatal.
“Se trata de una herida abierta que durante décadas afectó la vida de miles de familias en las cercanías de la mina. Ahora el Estado debe responder y garantizar la reparación de los daños”, expresó un dirigente comunitario durante la audiencia.
Los abogados del Fonper, Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León, argumentaron que la compañía incumplió obligaciones esenciales del contrato, incluyendo el pago de impuestos y compromisos laborales desde 2023. Estas violaciones, sostienen, habilitan legalmente al Estado a rescindir el acuerdo.
El contrato original, firmado en 1956, colocó al ferroníquel como una de las principales exportaciones dominicanas. Sin embargo, los beneficios económicos contrastaron con denuncias de deforestación, contaminación de fuentes de agua y pérdida de medios de vida en comunidades rurales.
La demanda también alcanza a Gas & Oil Energy GOE, por adquirir terrenos comprometidos en convenios suplementarios firmados entre el Estado y Falcondo en 1969 y 1971.
Mientras el proceso judicial avanza, la discusión pública gira en torno a la necesidad de que la República Dominicana redefina su modelo de explotación de recursos naturales, priorizando la sostenibilidad ambiental y el bienestar comunitario por encima de los intereses corporativos.
