Santo Domingo.– Entró en vigencia este miércoles la nueva Ley de Contrataciones Públicas, una normativa que endurece de manera significativa el régimen de sanciones contra la corrupción en las compras y contrataciones del Estado, estableciendo penas de hasta 10 años de prisión para funcionarios, legisladores y contratistas que incurran en prácticas ilícitas. La implementación de la ley se produce en un contexto en el que varios escándalos vinculados a contratos públicos han sacudido la gestión gubernamental, lo que ha generado un intenso debate sobre la efectividad de las medidas adoptadas para combatir la corrupción administrativa. El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la nueva legislación permitirá consolidar un sistema de compras más moderno, transparente y eficiente, con consecuencias reales para quienes violen la ley. Destacó que la prohibición absoluta de que servidores públicos negocien con el Estado, junto a sanciones penales severas en casos de soborno y tráfico de influencias, coloca a la República Dominicana en consonancia con estándares internacionales en materia de prevención de la corrupción. Desde sectores de la sociedad civil se ha valorado positivamente la normativa, al considerar que las compras públicas han sido históricamente utilizadas como un mecanismo para defraudar al Estado. No obstante, advierten que su efectividad dependerá de la aplicación rigurosa de las sanciones previstas, incluyendo la imposición de penas de prisión a quienes se lucren de los recursos públicos. En el Congreso Nacional, algunos legisladores defendieron la ley como una herramienta clave para cerrar el paso a empresas ficticias y a los conflictos de interés en la contratación estatal, mientras que otros expresaron dudas sobre su impacto real y la calificaron como un nuevo intento frente a un problema estructural que ha persistido por años. La entrada en vigor de esta legislación marca un nuevo capítulo en el marco legal de las contrataciones públicas del país, con el desafío de traducir el endurecimiento normativo en resultados concretos contra la corrupción. Navegación de entradas Indotel, AGN y el Museo Memorial de la Resistencia promoverán difusión de historia dominicana Designan a Emilio Contreras como nuevo gerente general de Edeeste