La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados intenta obtener del Tribunal Constitucional (TC) una prórroga para subsanar los vicios de forma detectados en la aprobación de la Ley 10-15, que contiene el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Sin embargo, juristas advierten que esta solicitud podría sentar un precedente sin precedentes, comprometer la separación de poderes e incluso llevar al TC a contradecir una sentencia previamente emitida. Los diputados enfrentan un plazo de apenas 20 días para realizar las correcciones, además de la presión de la comunidad jurídica, que ha cuestionado las modificaciones hechas por el Senado a esta pieza clave del sistema de justicia penal. De acuerdo con especialistas, si el Tribunal Constitucional concede la prórroga, la Cámara Baja tendría el tiempo necesario para abrir espacios de consulta, escuchar a distintos sectores, promover un proceso participativo entre los actores del sistema judicial y recibir propuestas de la ciudadanía. No obstante, voces como las del abogado Valentín Medrano y el senador Rafael Duluc entienden que esta solicitud podría sobrepasar los límites del Congreso, al intentar obtener del TC una autorización que podría considerarse improcedente. Tanto el Colegio de Abogados como la FINJUS destacan que la decisión del Tribunal Constitucional será determinante para establecer hasta dónde pueden llegar los diputados en la corrección de los errores provenientes del Senado sin entrar en conflicto con el máximo intérprete de la Constitución. Navegación de entradas Traslado de internos a la cárcel de Las Parras iniciará esta semana Abogados advierten que prórroga para el Código Procesal Penal sería inconstitucional
