Congreso deja fuera de la ley el artículo 767 del Código Civil sobre herencia conyugal tras vencer plazo del Tribunal Constitucional
El artículo 767 del Código Civil dominicano, que establecía que el cónyuge sobreviviente solo podía heredar los bienes del difunto si este no tenía parientes cercanos, quedó sin efecto luego de que el Congreso Nacional no cumpliera con el mandato del Tribunal Constitucional (TC) de modificarlo en un plazo de dos años. La resolución TC/0267/23, emitida el 18 de mayo de 2023, había declarado inconstitucional dicho artículo por violar derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
Este artículo, considerado una de las disposiciones más antiguas y restrictivas en materia sucesoria, impedía que el cónyuge viudo heredara si existían familiares del fallecido, como hijos, padres o hermanos. El Tribunal Constitucional determinó que esa limitación vulneraba los artículos 38 y 55 de la Carta Magna, que protegen la dignidad humana y los derechos de la familia, al colocar al sobreviviente en una posición de desamparo económico y jurídico.
En su decisión, el TC exhortó al Congreso a legislar una nueva normativa que reconociera al cónyuge o pareja consensual sobreviviente como sucesor regular, similar a las legislaciones de países como Chile, Argentina, España, Perú y Colombia, donde se garantiza la herencia al compañero sobreviviente. Sin embargo, al vencer el plazo sin que se hiciera la modificación, el artículo 767 quedó automáticamente anulado con todos sus efectos legales.
El abogado Yan Carlos Martínez calificó la inconstitucionalidad del artículo como un avance jurisprudencial significativo, al obligar a los tribunales a aplicar directamente los principios constitucionales en los casos de sucesión, priorizando el vínculo matrimonial sobre normas obsoletas derivadas del Código Napoleónico. Según el jurista, esta decisión marca un paso hacia la modernización del derecho sucesorio dominicano.
No obstante, la falta de reforma legislativa genera un escenario de incertidumbre jurídica, donde las herencias deberán resolverse caso por caso, dependiendo de la interpretación de los jueces. Esta situación podría provocar desigualdades hasta que el Congreso promulgue una ley que establezca un marco claro y uniforme que garantice la protección económica y familiar del cónyuge sobreviviente.
