El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó por tercera ocasión el inicio del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y los demás acusados de integrar una presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos relacionada con la instalación de la red semafórica de Santo Domingo. Entre los imputados figuran, además, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; Carlos José Peguero Vargas; así como Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso. También fueron sometidas a proceso las personas jurídicas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L. La acusación fue presentada por la procuradora general de Corte de Apelación y titular de la Pepca, Mirna Ortiz, junto a Héctor García Acevedo y un equipo de fiscales, quienes sostienen que la investigación reveló múltiples líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo y lavado de activos, cometidos principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa. Según el Ministerio Público, mediante contratos y convenios irregulares con varias de las empresas imputadas se otorgó acceso privilegiado para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y legalidad administrativa. El órgano acusador señala como eje central del esquema a José Ángel Gómez Canaán, por sus vínculos societarios, financieros y operativos con varias de las compañías involucradas. En octubre de 2024, el caso fue declarado complejo por la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción a varios de los imputados mientras avanza el proceso judicial. Navegación de entradas Paliza afirma que cobros a empleados públicos para fines políticos no representan al PRM ni al Gobierno Ayuntamiento del DN declara Munícipe Distinguido al merenguero típico El Blachy