Ante la creciente preocupación social por los feminicidios y la violencia de género, la legislación dominicana establece sanciones severas para quienes cometen este delito. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal a partir de agosto de 2026, el feminicidio queda tipificado por primera vez de manera expresa como un crimen independiente, definido como la muerte de una mujer por razones asociadas a su género, sin importar la relación con el agresor ni el lugar donde ocurra el hecho. La nueva normativa dispone penas de prisión mayor que oscilan entre 30 y 40 años para quienes resulten culpables de feminicidio, además de multas que van desde 50 hasta 1,000 salarios mínimos del sector público. En los casos en que concurran circunstancias agravantes —como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad, o cuando el crimen se cometa con extrema violencia o en un contexto de agresiones reiteradas— la sanción puede fijarse en el máximo de 40 años de prisión. La ley también permite la acumulación de condenas cuando el feminicidio se comete junto a otros delitos graves, como violencia intrafamiliar reiterada, tortura, violación sexual, secuestro o asociación de malhechores. En estos casos, la pena total puede alcanzar hasta 60 años de prisión, establecido como el límite máximo de cumplimiento para delitos múltiples de extrema gravedad. Este endurecimiento del régimen sancionador busca enviar un mensaje de intolerancia frente a la violencia de género. No obstante, especialistas en derecho y organizaciones sociales coinciden en que el aumento de las penas no es suficiente por sí solo para reducir los feminicidios, si no va acompañado de políticas efectivas de prevención, protección oportuna a las víctimas, investigaciones rigurosas y un sistema judicial que actúe con rapidez y perspectiva de género. La magnitud del problema queda reflejada en cifras presentadas por la Fundación Vida Sin Violencia, que reportó que durante el año 2025 se registraron 59 feminicidios cometidos por parejas o exparejas, dejando al menos 93 niños, niñas y adolescentes en condición de orfandad. La organización calificó esta realidad como una grave violación a los derechos humanos y una evidencia de las debilidades del sistema de protección estatal. Según los datos ofrecidos, la víctima más joven tenía 15 años y la de mayor edad 82, lo que demuestra que la violencia feminicida afecta a mujeres de todas las edades. En la mayoría de los casos, los crímenes ocurrieron en la vivienda de la víctima, confirmando que el hogar continúa siendo uno de los espacios más peligrosos para mujeres en relaciones violentas. Las provincias con mayor incidencia fueron Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. La fundación también alertó que varios de los agresores pertenecían o habían pertenecido a las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, por lo que insistió en la necesidad de capacitaciones permanentes en violencia de género y evaluaciones psicológicas periódicas para ese sector. Aunque las cifras reflejan una reducción en comparación con el año anterior, la entidad advirtió que la problemática sigue siendo alarmante, con numerosos intentos de feminicidio que no se consumaron gracias a intervenciones oportunas. En el inicio de 2026, la violencia volvió a dejar secuelas graves. Durante el mes de enero, al menos seis niños quedaron huérfanos tras el asesinato de tres mujeres a manos de sus parejas. Dos de los crímenes fueron cometidos con armas blancas y uno con arma de fuego. Mientras uno de los presuntos agresores se entregó a las autoridades, los otros permanecen prófugos, reforzando el llamado de la sociedad a fortalecer la prevención y la respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres. Navegación de entradas Fellito Suberví: Cerca de dos millones de personas serán beneficiadas con entrada este mes de Acueducto Barrera de Salinidad Edesur aclara incendio en sede del 911 fue por falla eléctrica interna
