Nuevas aeronaves militares de Estados Unidos arribaron este domingo a Puerto Rico, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, lo que evidencia un reforzamiento sostenido de la presencia militar estadounidense en el Caribe. La movilización coincide con una intensificación de las medidas de presión política, económica y militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Aviones de transporte C-130J Super Hercules fueron vistos operando desde el Aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla, mientras que en las inmediaciones se observó el desplazamiento de vehículos militares, incluidos Humvees y unidades blindadas MRAP. Asimismo, varias aeronaves CV-22B Osprey permanecían estacionadas en la plataforma, junto a personal militar y equipos de maquinaria pesada, lo que refleja una operación logística de gran escala.

Este despliegue da continuidad a las maniobras realizadas días antes en la antigua base naval de Roosevelt Roads, en Ceiba, donde cazas F-35 y F-18, aviones Hércules y helicópteros Black Hawk y Huey realizaron ejercicios de despegue, aterrizaje y descenso de tropas. Dichas operaciones marcaron el retorno de actividades militares intensivas a una instalación que había permanecido sin ese nivel de uso durante años.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado notablemente su presencia militar en el Caribe, con el despliegue de un portaaviones, buques de guerra y aeronaves de combate. Informes señalan que la operación incluye más de 15,000 efectivos, once embarcaciones militares adicionales y más de una docena de aviones F-35, consolidando una de las mayores concentraciones de fuerzas estadounidenses en la región en tiempos recientes.

El presidente Donald Trump ha acusado al gobierno venezolano de facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y ha defendido operaciones militares contra embarcaciones procedentes de Sudamérica, alegando que transportaban estupefacientes. Paralelamente, su administración ordenó el bloqueo de petroleros vinculados a Venezuela y reforzó la aplicación de sanciones, medidas que Caracas ha denunciado como actos de presión ilegal. Washington ha reiterado ante la ONU que continuará aplicando sanciones “en la máxima medida”, mientras el gobierno venezolano advierte sobre una escalada de hostilidad económica y militar.