Índice de Percepción de la Corrupción refleja avances en RD, pero persisten serios desafíos

Santo Domingo.– El balance del año 2025 presentado por Participación Ciudadana evidencia un panorama mixto para la República Dominicana, con avances institucionales relevantes, pero también con retrocesos significativos y desafíos persistentes en materia de corrupción, transparencia, justicia y gobernabilidad democrática. Aunque el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional mostró una mejoría para el país a inicios de año, estos avances no han sido suficientes para consolidar la confianza ciudadana.

La percepción pública se vio fuertemente impactada por nuevos escándalos, entre ellos el caso Senasa, calificado como el más grave del año al involucrar el desvío de más de RD$15 mil millones del sistema público de salud. Este hecho, según el informe, vulneró directamente el derecho fundamental a la salud y afectó de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, convirtiéndose en un símbolo del daño humano y social que provoca la corrupción.

En el ámbito judicial, Participación Ciudadana alertó sobre los escasos avances en los grandes casos de corrupción que cursan en los tribunales, señalando la lentitud procesal, los constantes reenvíos y el riesgo de prescripción. Aunque el Ministerio Público logró condenas en algunos expedientes de corrupción administrativa y crimen organizado, persiste la preocupación de que casos emblemáticos continúen estancados y se reproduzca la impunidad.

El informe también advierte sobre la creciente penetración del narcotráfico en la política, con varios casos que involucraron a dirigentes, exfuncionarios y legisladores, particularmente vinculados al Partido Revolucionario Moderno (PRM). Estas situaciones revelaron debilidades en los controles al financiamiento político, a pesar de los avances logrados en la persecución del crimen organizado y la presión constante de la sociedad civil para preservar la integridad institucional.

En materia legislativa e institucional, se aprobaron importantes reformas como el nuevo Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Contrataciones Públicas, además de avances en digitalización y control administrativo. Sin embargo, Participación Ciudadana advirtió que estos progresos convivieron con intentos de sectores que procuraron frenar reformas en derechos ciudadanos, libertad de expresión, derechos de las mujeres y lucha contra la corrupción, así como con fallas evidentes en los mecanismos de control del Estado.

Finalmente, el informe concluye que el 2025 deja un balance ambivalente: importantes avances legales e institucionales, pero también graves casos de corrupción, debilitamiento de controles, lentitud judicial y profundas brechas sociales. Participación Ciudadana insistió en que la lucha contra la corrupción debe traducirse en procesos judiciales oportunos, transparencia efectiva, reformas estructurales y un fortalecimiento real del Estado de derecho, para evitar la repetición de la impunidad y garantizar los derechos fundamentales de la población.