Santo Domingo.– La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, quien conoce el juicio preliminar del caso Calamar, ordenó este viernes a la Clínica Abreu entregar en un plazo de 48 horas el expediente médico completo del exsenador Rafael Calderón. La decisión surge luego de que un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) informara que no pudo emitir un certificado médico concluyente debido a la ausencia de la historia clínica y de los estudios complementarios del paciente. La documentación requerida deberá ser remitida a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), bajo la responsabilidad de la procuradora Mirna Ortiz, con el propósito de completar la evaluación médica ordenada por el tribunal y garantizar tanto el derecho a la salud del imputado como el correcto avance del proceso penal. La audiencia fue aplazada para el jueves 18 de diciembre a las 9:00 de la mañana, a la espera de que la clínica entregue los documentos solicitados. El caso Calamar, considerado una de las investigaciones de corrupción administrativa más complejas y de mayor repercusión en la historia reciente del país, incluye un voluminoso expediente con miles de páginas y más de 40 imputados entre exministros, exfuncionarios y empresarios. Según el Ministerio Público, la presunta red delictiva operaba mediante instituciones estatales y mecanismos irregulares para desviar fondos públicos a través de pagos injustificados por expropiaciones, sobornos y contratos ficticios. El proceso ha experimentado numerosos aplazamientos, algunos de ellos relacionados con licencias médicas presentadas por imputados, como en el caso del exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, cuyas condiciones de salud han motivado varias suspensiones mientras se verifica la autenticidad y validez de sus certificados. Además de las dilaciones, el expediente ha generado acuerdos de colaboración con algunos implicados, quienes han aceptado aportar información a cambio de beneficios procesales y la devolución parcial de recursos al Estado. Las autoridades judiciales y del Ministerio Público han enfatizado la necesidad de avanzar en las audiencias y concluir las etapas procesales pendientes, argumentando que se trata de un caso fundamental para el combate a la corrupción a gran escala en República Dominicana. Navegación de entradas Ocupan en Baní alijo de 429 paquetes presumiblemente de cocaína Yeni Berenice sobre caso Senasa: “Tenía salud para contribuir al robo del Estado… tenga salud para responder por ese crimen”
