La detección de un brote de peste porcina africana en Barcelona ha encendido las alarmas en una industria que, desde la crisis de los años 90, ha evolucionado de pequeñas explotaciones locales a un potente entramado empresarial con fuerte presencia en los mercados internacionales. En la actualidad, unas doscientas compañías del sector porcino catalán mueven miles de millones de euros gracias a sus exportaciones.

Los primeros casos positivos, detectados la semana pasada en animales salvajes, han reavivado el recuerdo de la crisis de 1997, cuando un foco de peste porcina clásica obligó al cierre inmediato de 3,000 granjas —el 17 % del total— y al sacrificio de 1.2 millones de cerdos. Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid estimó en 60 millones de euros el impacto económico de aquella emergencia sanitaria.

Aunque este brote no afecta por ahora a animales de granja, la amenaza es considerable. Esther García, profesora del Departamento de Ciencia Animal de la Universitat de Lleida (UdL), explica a EFE que el riesgo es mayor que hace 30 años debido al enorme incremento de la producción. Cataluña produce hoy unos 8 millones de cerdos al año, frente a las 700,000 cabezas de 1997.

“Producimos mucho más de lo que podemos consumir”, señala García, destacando la dependencia del sector respecto a las ventas internacionales. Solo en 2023, Cataluña exportó productos porcinos por casi 3,200 millones de euros, el doble que hace una década.

El brote ya ha provocado reacciones en el exterior: países como Japón y México han decretado vetos a la carne porcina procedente de la provincia, una medida que podría generar excedentes en el mercado interno y forzar nuevas caídas de precios, que ya se encuentran en mínimos históricos. Según la especialista, el impacto podría ser “sistémico” para las granjas de la región.

A diferencia de los años 90, cuando existían cerca de 14,000 granjas centradas en la producción para consumo interno, hoy quedan alrededor de 5,000 explotaciones, la mayoría de crianza intensiva y vinculadas a grandes empresas integradoras, que proporcionan animales y alimentación a los productores.

Aun así, las asociaciones del sector cárnico piden cautela. Consideran que es prematuro hacer estimaciones definitivas sobre las consecuencias económicas del brote y confían en que el Gobierno español consiga que los países fuera de la Unión Europea limiten los vetos únicamente a la provincia de Barcelona.