Haití en la cuerda floja: solo 67 días para evitar un colapso total del poder

Haití ha entrado en una etapa decisiva. Desde este 3 de diciembre, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) cuenta con apenas 67 días para completar su mandato, el cual expira el 7 de febrero de 2026, según el decreto que lo creó. Su tarea era llevar al país hacia un gobierno inclusivo, restablecer la seguridad y organizar elecciones presidenciales y legislativas que permitieran una transferencia legítima del poder. No obstante, ese plazo se ha transformado en motivo de profunda preocupación tanto dentro del país como en la región, especialmente en República Dominicana, que ha insistido ante la comunidad internacional en la urgencia de una solución definitiva para la crisis haitiana.

En lugar de avanzar hacia la estabilidad, el CPT se encuentra paralizado por tensiones internas que amenazan con frustrar la transición. La disputa sobre la continuidad del recién nombrado primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, ha provocado una división que consume el tiempo que debía dedicarse a recuperar la seguridad y la gobernanza. Mientras tanto, las pandillas continúan expandiendo su control y agravando la ya precaria situación institucional del país.

A menos de diez semanas del final del mandato, Haití no cuenta con las condiciones necesarias para realizar elecciones. No existen bases sólidas para un proceso electoral, y el Consejo Electoral Provisional —que el propio CPT debe conformar— ha propuesto una primera vuelta para agosto de 2026 y una segunda para diciembre, fechas muy posteriores al límite establecido. La violencia extrema y el estancamiento político mantienen estancados los objetivos esenciales de la transición.

El riesgo es evidente: si el 7 de febrero de 2026 llega sin estructuras legales y de seguridad funcionando, Haití se hundirá en un vacío total de poder. La ausencia de una autoridad legítima generaría un escenario donde distintos actores —incluyendo pandillas y sectores políticos— intentarían ocupar ese espacio, aumentando la inestabilidad.

Ante esta amenaza, la República Dominicana sostiene una posición firme. El gobierno dominicano continúa presionando a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de la ONU para acelerar la puesta en marcha de la fuerza multinacional contra las pandillas y garantizar condiciones mínimas para unos comicios seguros, incluso si se requiere una revisión del plazo del 7 de febrero. Al mismo tiempo, mantiene políticas estrictas de control migratorio y repatriaciones, dejando claro que la crisis haitiana no puede trasladarse al territorio dominicano ni comprometer su seguridad interna.

La situación actual deja ver con claridad lo que implica un vacío de poder: la inexistencia de una autoridad efectiva y legítima que controle el Estado, dejando un espacio que otros actores pueden intentar llenar. En el caso de Haití, ese escenario se aproxima peligrosamente mientras el reloj continúa avanzando hacia la fecha límite sin avances concretos en la transición.