El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, denunció este lunes que el Gobierno elevó en más de 3,000 millones de pesos el costo del proyecto penitenciario Las Parras —antes llamado Nueva Victoria— pese a que, según afirmó, la obra fue entregada terminada, equipada e inaugurada en agosto de 2020. Señaló que el proyecto formaba parte del Plan de Modernización y Humanización del Sistema Penitenciario, financiado con recursos provenientes del acuerdo con Odebrecht y del presupuesto nacional.

Pujols explicó que la ciudad penitenciaria fue construida sobre seis millones de metros cuadrados y diseñada para recibir 8,778 privados de libertad en 87 edificaciones. Estas incluyen celdas permanentes, áreas de máxima seguridad, espacios educativos, talleres, apiarios, lagunas productivas, áreas deportivas, estaciones de bomberos, unidades K9, transporte interno y más de mil cámaras de vigilancia. Recordó que el recinto fue recibido formalmente el 10 de agosto de 2020 y nuevamente certificado por escrito por la Procuraduría en junio de 2021.

El dirigente detalló que, pese a dicha certificación, el Gobierno autorizó incrementos superiores a los 3,000 millones de pesos, que incluyeron RD$220 millones en “ajustes estéticos”, RD$385 millones en adendas al consorcio Grupo Trifortis en 2023 —con pagos a la empresa Biotransfalto— y RD$2,100 millones adicionales asignados en 2024 al llamado “Grupo Maletín”, además de RD$160 millones para equipamiento. Según afirmó, lo presentado como obras nuevas se limita a cambios de pintura, mallas y cisternas, cuando la infraestructura ya estaba completada desde 2020.

Pujols aseguró que la no puesta en operación del recinto provocó consecuencias graves, entre ellas el hacinamiento persistente en La Victoria y el incendio que dejó más de 100 fallecidos. Sostuvo que los traslados programados para agosto de 2020 fueron detenidos por la Comisión de Transición del nuevo Gobierno, retrasos que —dijo— afectaron también los programas de reeducación y reinserción destinados a miles de privados de libertad.

Finalmente, el secretario general del PLD exigió explicaciones sobre el uso de los fondos adicionales e instó al país a revisar las certificaciones e imágenes que, aseguró, demuestran que el proyecto estaba listo para operar antes del cambio de gobierno. Afirmó que su organización continuará defendiendo la transparencia y llamó a las autoridades a responder “en qué gastaron 3,000 millones de pesos en una obra ya terminada y equipada”.