La crisis electoral en Haití es ya un hecho. El Consejo de Transición Política (CTP) y el Consejo Electoral Provisional (CEP) admitieron su incapacidad para organizar las elecciones previstas para el 15 de noviembre, postergando la primera vuelta presidencial y legislativa hasta el 1 de febrero de 2026.

Según el CTP, la decisión busca garantizar “una organización ordenada y transparente”, luego de comprobar que el plazo original de 90 días era insuficiente. Sin embargo, esta prórroga abre un escenario aún más preocupante: el país se encamina hacia un vacío de poder que podría desembocar en un colapso institucional, tal como ha advertido la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El problema radica en que el mandato del CTP expira de forma definitiva el 7 de febrero de 2026, fecha que no puede ser extendida según su acuerdo fundacional. Pero el calendario electoral establece que el nuevo presidente asumiría el 14 de mayo de 2026, lo que deja 96 días sin una autoridad legítima que dirija el país.

Este lapso, sin un mecanismo de gobernanza de emergencia, podría agudizar la ya frágil situación política y social de Haití. Además, las divisiones dentro del propio CTP empeoran el panorama. Declaraciones del presidente del Consejo, Frinel Joseph, pusieron en duda incluso la nueva fecha de febrero de 2026, generando desconfianza sobre la viabilidad del proceso.

Aunque el organismo dispone de un presupuesto de 65 millones de dólares para los comicios y un calendario electoral definido, las dudas internas y la falta de cohesión política ponen en riesgo la transición. Haití enfrenta, una vez más, la posibilidad de quedarse sin rumbo, atrapado entre los plazos legales y la inestabilidad institucional.

La pregunta que flota sobre el futuro haitiano es inquietante: si las elecciones del 1 de febrero también fracasan o son impugnadas, ¿podrá el país resistir otro colapso político?