Santo Domingo, RD. — República Dominicana enfrenta un doble desafío: los efectos del cambio climático y la creciente presión sobre sus finanzas públicas. Su posición geográfica en el Caribe la sitúa entre los países más expuestos a fenómenos atmosféricos extremos, mientras la rigidez presupuestaria limita la capacidad del Gobierno para responder ante emergencias y atender las necesidades sociales derivadas de estos eventos.

Las recientes lluvias provocadas por la tormenta Melisa han dejado numerosas comunidades incomunicadas, deslizamientos de tierra y daños en zonas agrícolas, acentuando la vulnerabilidad del país. A medida que se pronostican más aguaceros en los próximos días, los efectos sobre la infraestructura y la producción nacional podrían agravarse.

Pese a recibir cooperación técnica de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la FAO y el FMI, la mayor parte de estos apoyos proviene de préstamos y no de donaciones. Actualmente, el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) se destina al pago de intereses y amortización de la deuda pública, que representa un 60 % del PIB, lo que deja poco margen fiscal para implementar programas de mitigación y reconstrucción.

El Índice Mundial de Riesgo 2023 ubica al país entre las 41 naciones más vulnerables del mundo. Según el Banco Mundial, los desastres naturales podrían generar pérdidas anuales equivalentes al 1 % del PIB y empujar a más de 110,000 personas a la pobreza para 2050 si no se adoptan medidas de adaptación climática. Tras el huracán Fiona en 2023, el organismo otorgó US$200 millones para fortalecer la gestión del riesgo y la recuperación económica.

Además, la FAO y el Fondo Verde para el Clima brindan asistencia en temas agrícolas, gestión de sequías, plagas y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El BID también promueve programas como BID CLIMA, que facilita el acceso a mercados de deuda verde y financiamiento sostenible, del cual República Dominicana forma parte junto a otros países de la región.