Participación Ciudadana responsabiliza al PRM por permitir la entrada de presuntos narcotraficantes a sus filas y financiamiento político

Santo Domingo.– El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) hizo un llamado urgente al Gobierno, a los partidos políticos y a los sectores económicos del país para que fortalezcan los controles que impidan la infiltración del narcotráfico y sus recursos en la economía y en la política dominicana.

La organización reaccionó ante las recientes informaciones que vinculan a empresarios y a personas cercanas al poder político, en especial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con presuntas actividades de narcotráfico y lavado de activos, lo que —según indicó— genera seria preocupación sobre la efectividad de los mecanismos de control establecidos en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

PC instó a reforzar los procesos de afiliación y financiamiento dentro de los partidos para evitar que fondos ilícitos contaminen sus estructuras. En ese sentido, reiteró su propuesta de que los partidos y candidatos sean considerados “sujetos obligados no financieros”, conforme a la citada ley, lo que los obligaría a verificar el origen del dinero utilizado en las campañas electorales.

Aunque el PRM emitió un comunicado desvinculándose de las actividades ilícitas atribuidas a algunos de sus miembros y exdirigentes, Participación Ciudadana sostuvo que dicha organización política tiene una cuota de responsabilidad, al permitir que personas ligadas al narcotráfico ingresaran a sus filas o contribuyeran con el financiamiento de sus campañas.

La entidad recordó varios casos vinculados al partido oficialista, entre ellos los de Miguel Gutiérrez, exdiputado condenado a 16 años de prisión en Estados Unidos; Rosa Amalia Pilarte, exlegisladora de La Vega sentenciada a cinco años; y los diputados Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, así como diversos alcaldes y regidores, entre ellos Edickson Herrera, del Distrito Nacional. También mencionó a Fabio Augusto Jorge y Gaspar A. Polanco, solicitados en extradición por Estados Unidos, quienes —según PC— desarrollaban actividades empresariales sin ser detectados por los mecanismos de control.

“En muchos de estos casos, las actividades sospechosas eran parte del rumor público, por lo que debieron ser conocidas por las dirigencias locales”, advirtió la organización.

Finalmente, Participación Ciudadana exhortó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos —integrado por el Consejo Nacional de Drogas, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la DNCD— a hacer uso de sus atribuciones legales para clasificar a los partidos y candidatos como sujetos obligados no financieros, con el fin de garantizar mayor transparencia y evitar la influencia del crimen organizado en la vida política del país.