Yeni Berenice destaca que la corrupción es reconocida como delito autónomo en el nuevo Código Penal
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este jueves que el nuevo Código Penal marca un hecho histórico en la lucha contra la corrupción en el país, ya que por primera vez esta se reconoce como un delito autónomo.
Reynoso explicó que “cualquier acción dolosa que afecte los recursos públicos constituye un acto de corrupción y puede ser sancionada, aunque no esté descrita en otro tipo penal”. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una conferencia en la Dirección General de Aduanas (DGA), donde abordó los avances que introduce la nueva normativa sobre corrupción administrativa y otros temas vinculados.
Este encuentro se realizó luego de que el presidente Luis Abinader instruyera a la procuradora a socializar con diferentes sectores las novedades incorporadas en el Código Penal tras su promulgación el pasado mes de agosto.
La magistrada describió la reforma como “un gran código”, señalando que está alineado con convenciones internacionales y con las legislaciones de países más desarrollados. “Toda norma es perfectible, pero puedo asegurarle al Congreso y a la sociedad que se trata de un código moderno y sólido. No lo decimos a la ligera, sino tras un análisis y comparación exhaustiva”, indicó.
Reynoso subrayó que la corrupción no es simplemente una falta administrativa, sino un fenómeno que impacta de manera directa en el desarrollo nacional. Como ejemplo, mencionó el caso de un soborno para permitir la entrada de un contenedor con armas de fuego en una aduana. “Quien acepta el soborno quizá lo vea solo como dinero fácil, pero esas armas terminan en manos de la criminalidad, en muertes y en luto. Incluso la víctima puede ser la misma persona que participó en el acto o su propia familia”, advirtió.
El nuevo Código Penal sustituye una normativa con 141 años de vigencia y establece mecanismos más estrictos para combatir la corrupción administrativa, entre ellos:
Sanciones de hasta 20 años de prisión para los responsables. Ampliación de los plazos de prescripción a 30 años. Inhabilitación para ocupar cargos públicos a los condenados.
Además, introduce regulaciones sobre cibercrimen y comercio digital, persiguiendo delitos como la manipulación de datos electrónicos en operaciones aduaneras.
Por primera vez, las empresas también podrán ser procesadas penalmente por actos de fraude fiscal, contrabando o falsificación de documentos, lo que representa un paso importante en la modernización y fortalecimiento de la justicia penal dominicana.
