RD volvería al Código Procesal Penal del 2002 si el Congreso no aprueba nueva ley antes de enero

República Dominicana podría verse obligada a volver a utilizar el Código Procesal Penal (CPP) establecido en el año 2002 si el Congreso Nacional no logra aprobar antes de enero una nueva normativa que sustituya la actual Ley 10-15. Esta situación surge a raíz de la sentencia TC/076524 emitida por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2024, que declaró inconstitucional la Ley 10-15, la cual había sido promulgada en 2015 para modificar el marco procesal penal vigente desde 2002.

El Tribunal Constitucional otorgó un plazo de un año al Congreso para elaborar una ley que corrija las irregularidades detectadas, tanto en su contenido como en el proceso legislativo que dio origen a la Ley 10-15. Si el Congreso no cumple con este mandato, el país perdería 110 artículos reformados en la última modificación y tendría que regresar al sistema procesal penal original contemplado en la Ley 76-02. Esto implicaría un retroceso en la normativa que regula los procesos judiciales en materia penal.

En su decisión, los jueces establecieron que, vencido el plazo otorgado, la Ley 10-15 quedará automáticamente derogada, restableciendo la vigencia de la Ley 76-02. Hasta ahora, el Congreso solo ha logrado avanzar en la actualización del Código Penal, que entrará en vigor el 3 de agosto del próximo año. Este código se centra en la tipificación de delitos, mientras que el Código Procesal Penal regula el procedimiento para la aplicación de las sanciones.

Desde hace más de dos meses, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado analiza un proyecto que busca solucionar los problemas constitucionales y evitar que el país retome una legislación con más de dos décadas de antigüedad. El presidente de la comisión, senador Antonio Taveras, informó que en los próximos días el proyecto final será enviado a las instituciones vinculadas al sistema de justicia, como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Defensor del Pueblo, organizaciones como Finjus y Participación Ciudadana, así como a las principales universidades con programas de derecho. Estas entidades tendrán la oportunidad de presentar observaciones antes de su aprobación.

Taveras adelantó que en unas dos semanas se realizará un taller con estas organizaciones para escuchar sus aportes y llegar a un consenso.

Actualmente, la comisión estudia tres propuestas legislativas presentadas por los senadores Omar Fernández, Félix Bautista, Cristóbal Castillo y el propio Antonio Taveras, las cuales han sido unificadas en un solo proyecto. Existe además una iniciativa presentada por el diputado Rafa Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo, que se encuentra detenida en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados desde el pasado 6 de junio, cuando venció el plazo para su estudio.