Procuraduría recusa a juez que conoce acción de habeas data presentada por Jean Alain contra Migración
Santo Domingo, RD.– El Ministerio Público recusó al juez de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, Franny González, quien conoce la acción de habeas data interpuesta por el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, contra la Dirección General de Migración y su director, Luis Rafael Lee Ballester.
La recusación se fundamenta en que el magistrado mantiene un proceso abierto en calidad de víctima contra la Procuraduría General de la República. Sin embargo, la defensa de Rodríguez calificó la medida como una estrategia dilatoria.
El abogado Gustavo de los Santos Coll, integrante del equipo legal del exfuncionario, sostuvo que el propio juez permitió la participación de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en el proceso, lo que, a su entender, demuestra ausencia de parcialidad. “Un juez con animadversión hacia la Procuraduría no hubiese dado paso a que esta se integrara al proceso”, afirmó.
La acción constitucional fue presentada por Rodríguez a través de sus abogados Gustavo Biaggi Pumarol, Carlos Balcácer, Nelys Rivas, Gustavo de los Santos Coll y Albert Thomas Delgado Lora. La defensa alega que se vulneraron los derechos fundamentales de su cliente luego de que Migración le impidiera salir del país mediante la aplicación de alertas migratorias, supuestamente ordenadas por la Procuraduría y el Pepca entre agosto de 2020 y julio de 2021, sin orden judicial.
El incidente ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), cuando Rodríguez intentaba viajar a Florida, Estados Unidos, en un vuelo de la aerolínea Spirit. Tras la cancelación del vuelo, el exprocurador intentó abordar otro, pero las autoridades migratorias anularon su sello de salida y lo escoltaron fuera de la terminal.
Cabe recordar que Jean Alain Rodríguez enfrenta un juicio de fondo ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, junto a otros implicados en un caso de presunta corrupción administrativa. Se les acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
