Corte de Apelación deja sin efecto apelaciones en caso Jet Set tras acuerdos con propietarios
Santo Domingo, RD. – La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló este lunes los recursos de apelación presentados por dos querellantes en el caso de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, luego de que alcanzaran un acuerdo con los propietarios del centro nocturno, Antonio y Maribel Espaillat.
El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz e integrado por Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, tomó la decisión tras conocer el desistimiento de Luis María Delgado Araujo y Rossi Milanés Feliz Medina, quienes firmaron un convenio con los dueños de la discoteca el pasado 22 de agosto.
De acuerdo con el documento, Delgado Araujo renunció a cualquier reclamo, indemnización o acción judicial relacionada con el caso. El desistimiento fue formalizado por sus abogados, Anyelo Starling Hernández y Pedro Ismael Cordero Familia, a quienes otorgó poder para representar a su hija menor de edad, Arlene Valenzuela Delgado.
Otros recursos desestimados
La decisión se suma a la adoptada recientemente por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación, que rechazó las apelaciones del Ministerio Público y de otros querellantes que buscaban prisión preventiva contra los hermanos Espaillat.
En esa ocasión, el tribunal confirmó la medida dictada por la jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que ordenó la libertad de los imputados bajo el pago de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
La tragedia
El hecho que dio origen al proceso ocurrió el 8 de abril de este año, cuando un derrumbe en la discoteca Jet Set provocó la muerte de 235 personas y dejó más de 80 heridos, en medio de la tradicional fiesta de los lunes en la que actuaba el merenguero Rubby Pérez, quien también resultó lesionado.
Próximos pasos
A pesar de los acuerdos alcanzados, varios querellantes han reiterado su intención de reclamar indemnizaciones millonarias, no solo contra los propietarios del centro de diversión, sino también contra el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, a los que acusan de incumplir con sus responsabilidades legales en materia de seguridad y supervisión del establecimiento.
