Cuatro dominicanos se acogen a extradición voluntaria hacia EE. UU. por acusaciones de fraude
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrada además por los jueces Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, aprobó la extradición de Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García, José Francisco León y Joel José Cruz Rodríguez, quienes aceptaron de manera voluntaria ser enviados a los Estados Unidos para responder por cargos de fraude informático, robo de datos personales y suplantación de identidad.
De acuerdo con el tribunal, los imputados firmaron el acta en la que manifiestan su conformidad con el proceso de extradición. La Procuraduría General de la República quedó a cargo de la gestión y ejecución de la decisión, en apego a la Constitución y a las leyes que regulan la materia.
Prisión preventiva y espera del decreto presidencial
Mientras se completa el procedimiento, los magistrados ordenaron prisión preventiva para los cuatro hombres, quienes permanecerán bajo custodia en los Centros de Corrección y Rehabilitación de Rafey, en Santiago, y de Puerto Plata. La medida se mantendrá hasta que el presidente Luis Abinader firme el decreto que formalice la extradición.
Durante la audiencia, el director del Departamento de Extradiciones y Asuntos Internacionales de la Procuraduría, Osvaldo Bonilla, junto con la fiscal Elvira Rodríguez, solicitaron al tribunal la imposición de esta medida de coerción hasta tanto se ejecute la entrega a las autoridades estadounidenses.
El esquema de fraude: Operación Discovery 3.0
La investigación se enmarca dentro de la Operación Discovery 3.0, un esfuerzo conjunto del Ministerio Público dominicano y el Buró Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos. La pesquisa, desarrollada por más de dos años, reveló que la red funcionaba desde call centers clandestinos en territorio dominicano.
Según la acusación, los estafadores —denominados “abridores”— llamaban a ciudadanos de la tercera edad en Estados Unidos, haciéndose pasar por nietos o hijos que alegaban haber sufrido accidentes de tránsito y requerían dinero de forma urgente. Más tarde, los denominados “cerradores” intervenían, fingiendo ser abogados o policías, con el propósito de convencer a las víctimas de entregar sumas de dinero en efectivo para resolver la supuesta situación.
Este esquema se suma a operaciones anteriores, Discovery y Discovery 2.0, que ya habían desmantelado estructuras similares responsables de defraudar a jubilados estadounidenses, arrebatándoles gran parte de sus ahorros de vida.
