Naciones Unidas. – La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno colombiano, encabezado por Abelardo de la Espriella, presentar medidas concretas para garantizar la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016. El representante especial del secretario general para Colombia, Miroslav Jenča, expresó ante el Consejo de Seguridad la necesidad de establecer una estrategia clara que permita avanzar en los compromisos asumidos y fortalecer la estabilidad del país.

Durante su intervención, Jenča reconoció que la nueva administración colombiana ha manifestado su intención de respetar las obligaciones derivadas del acuerdo, aunque señaló que todavía no ha definido completamente los mecanismos para ejecutarlas. El funcionario aseguró que Naciones Unidas mantiene su disposición de colaborar con las autoridades, ofreciendo la experiencia acumulada durante casi una década de acompañamiento al proceso de paz y de seguimiento a los programas establecidos.

El pronunciamiento se produce después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, expresara preocupación por las posibles consecuencias de los cambios introducidos en la política de seguridad colombiana. Según lo expuesto por el organismo internacional, la decisión gubernamental de suspender las conversaciones con grupos armados ilegales y reforzar las operaciones militares plantea nuevos desafíos para la consolidación de los avances alcanzados desde la firma del acuerdo.

El representante de Naciones Unidas destacó que el pacto de 2016 permitió poner fin a una de las insurgencias más prolongadas del conflicto colombiano y establecer programas destinados al desarrollo de las comunidades afectadas por la violencia. Sin embargo, reconoció que persisten importantes dificultades en su aplicación, especialmente ante el crecimiento de las organizaciones armadas ilegales, cuyos integrantes, según las estimaciones citadas, aumentaron de aproximadamente 15,000 en 2022 a 28,000.

Ante este panorama, la ONU pidió establecer planes de ejecución con financiamiento suficiente, responsabilidades institucionales definidas y mecanismos efectivos de coordinación. También recomendó activar las comisiones contempladas en el acuerdo para impulsar los compromisos pendientes y garantizar que las políticas de reintegración, seguridad y desarrollo territorial puedan avanzar de manera sostenida durante los próximos años.

Otro de los aspectos señalados por Jenča fue la seguridad de los antiguos combatientes que abandonaron las armas tras la firma del acuerdo. El representante especial indicó que desde 2016 se han registrado 501 asesinatos y recordó que más de 11,000 excombatientes continúan su proceso de reincorporación a la vida civil. En ese sentido, Naciones Unidas insistió en la importancia de fortalecer las medidas de protección y ampliar las oportunidades económicas y sociales para quienes participan en el proceso de paz.

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