Santo Domingo.– Mientras el Poder Ejecutivo pone en marcha nuevas acciones para enfrentar los delitos contra el medioambiente, varias iniciativas legislativas destinadas a fortalecer la protección de los recursos naturales continúan pendientes de aprobación en el Congreso Nacional. Entre las propuestas que permanecen en trámite se encuentran cuatro proyectos impulsados por la diputada de Fuerza del Pueblo, Llaniris Espinal, enfocados en establecer mayores mecanismos de protección ambiental y sancionar con más rigor las prácticas que provoquen daños a los ecosistemas. Una de las iniciativas busca incorporar el ecocidio como una conducta penal, contemplando condenas de hasta 20 años de prisión para quienes provoquen daños graves y prolongados al medioambiente. La propuesta también contempla sanciones para empresas que sean responsables de este tipo de delitos. Otros proyectos plantean restricciones a la minería metálica en áreas protegidas y la creación de mecanismos para destinar recursos a la recuperación y preservación de los ríos. Las iniciativas cobran mayor relevancia luego de que el Gobierno emitiera un nuevo decreto para fortalecer la respuesta del Estado frente a los delitos ambientales. La disposición contempla la coordinación entre diferentes instituciones y el endurecimiento de las acciones contra quienes afecten los recursos naturales. La medida ha recibido respaldo de legisladores, quienes consideran necesario pasar de los anuncios a resultados concretos para frenar la tala ilegal, la contaminación y otras formas de depredación ambiental. El senador Antonio Marte también apoyó las nuevas disposiciones, aunque advirtió que su aplicación debe realizarse sin distinciones y alcanzar a cualquier persona involucrada en daños contra el medioambiente, incluidos funcionarios y empleados públicos. El decreto contempla además la participación de organismos de seguridad en los operativos destinados a prevenir y enfrentar las violaciones contra los recursos naturales. Navegación de entradas Crece la preocupación por decisión de Contraloría de no publicar auditorías Intrant y Fenatrano buscan coordinar acciones para transformar el transporte público